La Asociación de Personal del INTA (APINTA) manifestó su rechazo a la expulsión de la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio, quien se desempeñaba como investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La organización gremial cuestionó la decisión y expresó su respaldo a la profesional.

El conflicto se relaciona con la participación de Aparicio en el proyecto SPRINT, una investigación internacional impulsada por la Unión Europea que estudió la presencia de plaguicidas en personas y en distintos componentes del ambiente. Los resultados fueron presentados públicamente en Balcarce y señalaron la detección de estos productos en el 86% de las personas analizadas, además de su presencia en muestras ambientales de la región pampeana.

La divulgación de esos resultados había generado tensiones institucionales, ya que, según los antecedentes del caso, la dirección nacional del INTA había impedido su difusión desde 2023. Aparicio era la coordinadora argentina del proyecto y su situación derivó posteriormente en un sumario administrativo que concluyó con la resolución de su exoneración.

Desde APINTA rechazaron la medida y vincularon el caso con la situación de la investigadora y la difusión de los resultados científicos. La controversia también había generado pronunciamientos de distintos sectores, entre ellos representantes del ámbito científico, organizaciones y referentes políticos.

La exoneración se hizo efectiva el pasado 30 de octubre, cuando autoridades del Centro Regional Buenos Aires Sur se presentaron en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce para comunicarle a Aparicio que había perdido su condición de trabajadora del organismo y que debía retirarse. La investigadora firmó el acta en disconformidad, al considerar que todavía se encontraba dentro del plazo legal para presentar un recurso de reconsideración.

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