El procedimiento, a cargo del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia, busca establecer si los decesos estuvieron vinculados a fallas multiorgánicas provocadas por ampollas adulteradas con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.

El resultado dependerá también del informe que elabore el Instituto Malbrán, encargado de determinar cómo se produjo la adulteración. De confirmarse esa relación, el juez Ernesto Kreplak podría avanzar en la imputación contra Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, y su equipo.

Un documento de la ANMAT, ya había advertido sobre “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en el laboratorio Ramallo, detectadas entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024.

El informe reveló fallas graves en producción, control de calidad, recursos humanos y gestión del sistema farmacéutico. Pese a esos hallazgos, la presentación formal del operativo recién se realizó en febrero de este año, cuando el opioide contaminado ya había sido administrado a miles de pacientes.